Por Andrea Martínez / End.amartinez@elnuevodia.com
Orden de pagar más de $500,000 a una oficinista HIV positivo. La jueza superior de San Juan, Awilda Vilches, declaró con lugar una demanda de una oficinista de la oficina del Comisionado de Navegación, quien fue discriminada por ser VIH positivo, y ordenó que fuera indemnizada por $561,290, por daños, angustias mentales, y salarios dejados de devengar.
La jueza dispuso que el ELA, y el entonces comisionado de navegación, Ramón Martínez, quien deberá responder en su carácter personal, también tendrán que aportar el 25% de la sentencia por honorarios de abogados.
Eunice Ortiz Pérez demandó el 15 de febrero de 2001 al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales alegando que fue víctima de constantes actos de discriminatorios en el empleo por su condición. Dijo que desde que Martínez fue nombrado comenzó un “periodo de hostigamiento laboral en su contra que culminó con su despido constructivo en febrero de 2002”.
Según la relación de hechos que surge de la sentencia, Ortiz comenzó como oficinista I, con una plaza transitoria, fue ascendida hasta oficinista III, y su salario subió a $1,036 mensuales. Desde que fue contratada se conocía su condición de VIH positivo, que requería un tratamiento de dos citas al mes, por dos horas. Cuando llegó Martínez, como comisionado, éste le comenzó a restringir las horas de citas médicas.
El 18 de junio de 1999, Ortiz fue despedida tras lo cual se reunió con Martínez, quien le indicó que “se fuera para su casa con sus hijos, que se lo merecía porque era un agente contaminante”.
Posteriormente, el 16 de julio de 1999, fue reinstalada a una plaza irregular sin plan médico, y con un sueldo de $812 mensuales.
La juez Vilches sostiene que “en el caso de autos los demandados discriminaron contra la demandante por su condición de VIH positivo. Los actos discriminatorios obligaron a la señora Ortiz a dejar su puesto en el DRNA”.
Ortiz Pérez alegó que entre las resticciones estuvieron, restricción de citas médicas y de llamadas telefónicas, negativa a concederle tres traslados solicitados, el despido en junio de 1999; el posterior reclutamiento a un puesto de menor salario; la eliminación del plan médico; la reducción de la hora de almuerzo; la eliminación de los 15 minutos de descanso; y continuos ataques verbales por su condición.
La demandante alegó que se violaron sus derechos bajo la Ley contra Discrimen en el Empleo (Ley 100 del 30 de junio de 1959); Ley que prohíbe el Discrimen contra los Impedidos (Ley 44 del 2 de julio de 1985); American with Disabilities Act (ADA); y la Ley de Despido Injustificado (Ley 80 del 30 de mayo de 1976).
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