Cándida Cotto
CLARIDADccotto@claridadpuertorico.com La deficiente administración por parte del Departamento de Salud (DS) del dinero asignado a Puerto Rico de los llamados fondos Ryan White Título II parece no tener “principio, ni final”.
El Departamento de Salud nunca ha podido ofrecer una explicación satisfactoria de por qué no le paga a tiempo a las organizaciones comunitarias (ONGs) que prestan servicios a pacientes de VIH.
Así se desprende de una entrevista que sostuvo este semanario con varios administradores de ONGs y pacientes de VIH. Sandra Torres, directora de Bill’s Kitchen (BK), Rafael Otero, paciente VIH y hasta hace poco miembro del Consejo de Título I, Ivette González, Ángel Vázquez, ambos portavoces del grupo de pacientes en el Consejo RW Título I, Roxana López Fontánez, directora de la Clínica Red Comunitaria para Pacientes VIH (CONRAD), en Río Piedras participaron en la entrevista.
Los fondos Ryan White son asignados por el Congreso de Estados Unidos a los estados y territorios dependiendo de sus necesidades para prestar servicios a personas con VIH SIDA. En el caso de los fondos de RW Título II que administra el Departamento de Salud, la cifra ha fluctuado entre $21 a $23 millones. La cantidad de dinero asignada a la Isla entre todas las partidas de RW fluctúa entre los $51 a $53 millones al año.
La administración deficiente se ha recrudecido en los últimos dos años lo que ha provocado un colapso en los servicios e incluso el cierre de importantes organizaciones comunitarias, según manifestaron los entrevistados.
Se supone que los fondos de RW Título II son administrados por el DS y estén dirigidos a la asignación de consorcios comunitarios y ONGs que prestan servicios a pacientes. Sandra Torres relató que “históricamente” siempre ha habido problemas en el manejo de los fondos por parte de Salud. Con el cambio más reciente de administración, al asumir la secretaría de Salud la Dra. Rosa Pérez Perdomo, se llevó a cabo una reunión en donde se presentó una auditoría federal que reflejó que el dinero del fondo RW Título II no se había cuadrado en cinco años. “En ese momento ya había un declive en los servicios que ofrecían muchas organizaciones comunitarias o consorcios tipo colaborativos las cuales tuvieron que cerrar. Hubo algunas que nunca pudieron cerrar con una contabilidad oficial como el Consorcio de Mayagüez, la única en ese sector con años de servicio”.
La directora de Bill’s Kitchen denunció que hasta el día de hoy nadie fiscaliza en el DS. Agregó que durante los pasados años el DS no ha tenido manuales de procedimientos, una política para la administración de los fondos y sólo tiene dos funcionarios para manejar el dinero a nivel Isla.
Reiteró que “al día de hoy” no se han corregido estos señalamientos. Los entrevistados coincidieron en atribuir que por la falta de fiscalización, la falta de corrección en el manejo de los fondos año tras año, el Gobierno, es decir Salud, ha tenido que devolver el dinero que no usa, lo que ha provocado una disminución entre seis a siete millones de dólares. La devolución del dinero no significa que no haya la necesidad y organizaciones dando servicios, sino que el DS no actúa de manera diligente en retribuirlo a las ONGs.
Torres presentó como ejemplo el caso del Consorcio del Este en Fajardo que fue cerrado en el 1999. La entidad se mantuvo cerrada por cinco años porque nadie quería administrarla por la experiencia con el DS y sus fondos tuvieron que ser devueltos. Al momento del cierre se supone que el Consorcio administraba cerca de un millón de dólares. Hace un año que BK aceptó administrar la entidad y del dinero asignado apenas quedan $400 mil dólares. Cuando se hizo el primer contrato con Salud, del presupuesto ya sólo quedaban $200 mil y vino a recibir parte del dinero en diciembre, cuando el año fiscal comienza en abril. Esta práctica resulta onerosa para las organizaciones debido a que tienen que esperar a recibir el dinero para comenzar a contratar el personal y establecer la estructura de servicios.
“Una de las condiciones para poder recibir fondos es que la organización haya cerrado el año fiscal anterior, pero no se puede cerrar sin haber cobrado, no se pueden pagar los servicios prestados y eso incluye los sueldos de las trabajadores. El Consorcio del Oeste ahora mismo pasó cuatro y cinco meses sin cobrar. En la organización Fundación Acción Social el personal lleva cuatro a cinco meses sin cobrar”, declaró Torres. Afirmó que todavía hay consorcios que no han recibido su dinero del año pasado y es obvio que en lo que va de este año, tampoco han cobrado.
Los entrevistados reiteraron que el DS ha reconocido su laxitud no haber cumplido con el manejo de los fondos y de que tienen dificultad para contratar personal. Esta situación se agrava no solo con los cambios de gobierno, sino también con la actual política pública de no contratar personal nuevo. Incluso -denunciaron- la situación llega al punto de que el DS no sabe discernir respecto a cuáles plazas son federales y cuáles son estatales. “En todo el sistema público de Salud hay un montón de plazas federales vacantes, eso fue algo que se denunció hace un año y Salud aceptó que era verdad y que no le querían nombrar personal”.
La falta de sensibilidad y diligencia del DS provoca que las organizaciones se vean obligadas a cerrar porque no pueden continuar operando debiéndoles a los proveedores y sin pagar a sus empleados, lo que por consiguiente priva a los pacientes de recibir servicios. Es un hecho que el DS no puede prestar servicios a la población paciente de VIH-SIDA, con lo poco que queda del sistema público de salud. Se estima que el número de pacientes VIH en la Isla es alrededor de 12 mil. La mayor parte de estos pacientes dependen de las ONGs para recibir servicios.
Las activistas afirmaron que hace unos meses la prestación de servicios en medicamentos sufrió un colapso y en diciembre hubo una crisis en los servicios de suplementos nutricionales debido a que el DS devolvió los fondos por lo que ahora están congelados.
¿Qué organización o negocio privado puede operar, vivir por cuatro y seis meses o hasta un año, sin cobrar?, cuestionó el grupo. La directora de CONRAD,
Rosaura López Fontánez y Torres, apuntaron que otra consecuencia para las organizaciones por la falta de cumplimiento del DS es el pago en intereses en que
incurren las ONGs en sus líneas de crédito. El pago de esos intereses sale de los pocos fondos no restringidos que les deja el Gobierno. Tampoco se considera el esfuerzo y tiempo que invierte la organización en el reclutamiento y adiestramiento del personal.
Pero una de las áreas de servicios más sensitivos afectada por esta conducta del DS es la partida del RW dirigida a la compra de medicamentos. La portavoz del
Consejo de RW Título I, Ivette González, describió que el DS tiene un contrato con ASES en la que cada agencia se divide el pago de los dos grupos de medicamentos. El asunto es que desde hace seis años ASES no revisa los formularios de farmacia para el VIH y el resultado ha sido que los medicamentos que deben ser cubiertos por la Reforma los ha cubierto el DS, lo que trajo un colapso y provocó que surgiera una lista de espera de pacientes por medicamentos.
Los entrevistados aseguraron que aunque Salud niega que exista una lista de espera sí la hay y va por 467 pacientes. Prosiguieron que a raíz de las recientes denuncias de los pacientes y las organizaciones, Salud alegó que había identificado cinco millones de dólares y ASES traspasó otros tres millones al DS para cubrir los gastos hasta este 30 de junio. Este dinero es sólo para cubrir a los pacientes de la Reforma. “Salud lo que está haciendo es uniendo dinero de los fondos Ryan White dirigidos a ADAP (AIDS Drug Asistance Program) que es para las organizaciones que prestan servicios clínicos y no les informa a las clínicas cómo se están usando los fondos”. Los entrevistados revelaron que en Caguas murieron dos pacientes menores que se encontraban en la lista de espera.
“Salud es tan incompetente que no tiene un procedimiento uniforme para pagar por los medicamentos, tiene uno para las clínicas, otro para los pacientes, otro para el proveedor, en todo eso se pierden meses, y el paciente en la lista de espera”, afirmó González.
¿Qué hace el Departamento de Salud con el dinero antes de dárselo a las ONGs por qué se demora tanto, por qué no corrige sus propias deficiencias? Esas son las preguntas que los activistas y pacientes reclaman se contesten.
